Tuesday, November 23, 2010

JORGE CARLOS

balanza_poder_justicia
Cubamatinal/ Jorge Carlos es santiaguero. Vive en el reparto Dessy, en esa ciudad del oriente del país. Me dice que es licenciado en computación y ciencias humanistas y me cuenta su historia que es bastante repetitiva ya en la Cuba de hoy.

Por Wilfredo Vallín Almeida

La Habana, 21 de noviembre /PD/ Resulta que Jorge Carlos Coello vino a Ciudad de La Habana a una entrevista en la Oficina de Intereses de los Estados Unidos. Lo hizo con su esposa y sus dos niñas pequeñas. Como venía con poco tiempo y recursos, se quedó a pernoctar en casa de una amistad que le dio abrigo por los dos o tres días que estaría ocupado en esa gestión.

Ni tarda ni perezosa, la policía, en la persona del jefe del sector, un trabajador del carné de identidad del municipio Plaza y otro de la Dirección Municipal de la Vivienda, se personaron ante Jorge Carlos, conminándolo a regresar de inmediato a su provincia de origen.

“Me botaron de La Habana amenazándome con imponerme una multa de 1500 pesos – nos dice el santiaguero – y tuve que dormir con mi esposa y mis hijas esa noche en la terminal pues el tren no salió ese día. Al siguiente, y para poder al fin marcharme, tuve que “hacer un regalito” y pagar el doble del precio del pasaje para poder regresar a Santiago.

En una segunda oportunidad que tuve que venir nuevamente a la capital, salía de casa de otro amigo en El Vedado cuando me pidieron el carné de identidad, me esposaron y montaron en un patrullero donde me condujeron a la estación de policía de la calle Dragones entre Monserrate y Zulueta.

Permanecí durante todo el sábado y el domingo en un calabozo conocido por los que allí me encontré también detenidos como “el depósito de los trasladados” y el lunes fuimos llevados a la terminal de trenes, (todo el tiempo esposados) montados en un vagón del ferrocarril con escolta policial y retornados a Santiago de Cuba.

Durante el trayecto, tengo que pedir permiso para ir al baño y, cuando lo hago, me acompaña un policía que me encierra en este mientras estoy dentro. Debo tocar la puerta para que me abran desde afuera. No es posible salir del vagón en ningún momento del trayecto, no obstante, cuando menciono que estoy preso, me dicen que no es así, sino que se trata solamente de un traslado”.

Al llegar a la “cuna de la Revolución”, soy multado con 60 pesos y me dicen que voy a salir bien pues, esta vez, no me van a hacer una carta de advertencia conforme al Decreto Ley No.217”.

Mientras cuenta su desagradable experiencia, observo a este joven negro santiaguero. Se expresa con corrección, aunque en tono molesto y no es para menos. Su presencia en mi casa obedece a que quiere hacerme una pregunta: -¿No es ese actuar policíaco totalmente arbitrario?

Casualmente, nuestro trabajo anterior en La Consulta se refería precisamente a la diferencia que existía entre lo arbitrario y lo ilegal, y este caso cae, coincidentemente, no en la esfera de lo arbitrario, sino en la de la ilegalidad.

Como señalaba en la ocasión anterior, la arbitrariedad se dice del actuar de las altas autoridades que, con total desconocimiento del derecho vigente, adoptan posiciones y acciones que nada tienen que ver con lo establecido jurídicamente, ignorándolo de forma olímpica.

Este es un caso de ilegalidad porque se hace alusión al Decreto Ley no.217, que innegablemente constituye una resolución legal del sistema jurídico nacional. El problema está en otra cosa y es que en Cuba, al igual que en todos los países del mundo, se supone que exista un orden jerárquico, es decir, que unas disposiciones legales tienen mayor rango que otras, y que estas últimas no pueden ignorar esa disposición piramidal del derecho.

En la cúspide suprema de esa pirámide hay una ley precisamente con ese adjetivo: suprema (la Constitución de la República) que ninguna otra puede ignorar ni contradecir en lo absoluto y esa Constitución, en el caso de Cuba, reza en su artículo 43:

“El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana:
Se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y se alojan en cualquier hotel.
No ya devolver ilícitamente a un ciudadano a su provincia de procedencia, sino hacerlo coactivamente y haciendo caso omiso a la recomendación que, en su oportunidad, nos dejara el más grande de todos nosotros: “Yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”.

Es una demostración más de lo que para el sistema imperante significan los preceptos y la dogmática jurídica.

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