Tuesday, January 21, 2014

CAPÍTULO SOBRE CUBA INFORME MUNDIAL 2014 HUMAN RIGHTS WATCH

Eventos de 2013
En 2010 y 2011, el gobierno de Cuba liberó a decenas de presos políticos a cambio de que aceptaran exiliarse. Desde entonces, han sido menos frecuentes las penas de prisión prolongadas contra disidentes y se han relajado las draconianas restricciones para viajar que mantenían divididas a familias e impedían que críticos pudieran salir del país y regresar a la isla.
No obstante, el gobierno cubano continúa reprimiendo a personas y grupos que critican al gobierno o reivindican derechos humanos fundamentales. Los funcionarios aplican una variedad de tácticas para castigar el disenso e infundir temor entre la población, incluidas golpizas, actos de repudio, despidos y amenazas de largas penas de prisión. En los últimos años se incrementó vertiginosamente la cantidad de detenciones arbitrarias por períodos breves, que impiden que defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas puedan reunirse o trasladarse libremente.

Detenciones arbitrarias y encarcelamiento por períodos breves

El gobierno continúa aplicando detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a personas que ejercen sus derechos fundamentales. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional —una organización de derechos humanos independiente que el gobierno considera ilegal— recibió más de 3.600 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y septiembre de 2013, en comparación con las cerca de 2.100 recibidas en 2010.
A menudo se aplican detenciones a modo preventivo para evitar que personas participen en eventos que se consideran contrarios al gobierno, tales como marchas pacíficas o reuniones para discutir temas políticos. Numerosos disidentes reciben golpizas y amenazas durante los períodos de detención, incluso cuando no oponen resistencia.
Los agentes de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar las detenciones, y amenazan a los detenidos con la posibilidad de ser condenados penalmente si continúan participando en actividades “contrarrevolucionarias”. En algunos casos, los detenidos reciben advertencias oficiales, que luego los fiscales puedan utilizar durante procesos penales para demostrar que existe un patrón de conducta delictiva. Los disidentes afirman que el propósito de estas advertencias es disuadirlos de participar en actividades que se consideran críticas del gobierno.
Las víctimas de estos arrestos a veces permanecen incomunicadas durante horas o incluso días. Algunas son recluidas en dependencias policiales, mientras que otras son trasladadas a zonas remotas y alejadas de su lugar de residencia, y allí son interrogadas, amenazadas y abandonadas.
El 25 de agosto de 2013, más de 30 integrantes de las Damas de Blanco —una organización fundada por esposas, madres e hijas de presos políticos que el gobierno considera ilegal— fueron detenidas tras asistir a una misa de domingo en una iglesia en Santiago, golpeadas, obligadas a subir a un autobús y luego repartidas en distintos sitios aislados en las afueras de la ciudad. Ese mismo día, ocho integrantes del grupo en La Habana y otras siete en Holguín fueron detenidas arbitrariamente mientras se dirigían pacíficamente a una misa.

Presos políticos

Los cubanos que critican al gobierno se enfrentan a la posibilidad de ser procesados penalmente. No se les reconocen las garantías de debido proceso, como el derecho a ser oídos de manera pública y justa por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, los tribunales están “subordinados” al poder ejecutivo y el legislativo, lo cual excluye la posibilidad de independencia judicial genuina. Se niega sistemáticamente la posibilidad de licencia extrapenal a presos políticos que han completado la pena mínima exigida pero se niegan a participar en actividades ideológicas, como las clases de “reeducación”.
La muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo en 2010 tras una huelga de hambre de 85 días y la posterior huelga de hambre del disidente Guillermo Fariñas consiguieron presionar al gobierno para que dispusiera la liberación de los demás presos políticos del “grupo de los 75” (los 75 disidentes que recibieron prolongadas penas de prisión luego de un operativo represivo llevado a cabo en 2003). Sin embargo, la mayoría fueron obligados a optar entre continuar en prisión o el exilio forzado. Casi todos optaron por ser trasladados a España a cambio de su liberación.
Decenas de presos políticos continúan recluidos en cárceles de Cuba, según señalan grupos de derechos humanos cubanos, que estiman que habría más presos políticos cuyos casos no pueden documentar debido a que el gobierno impide que organizaciones de derechos humanos independientes del ámbito nacional o internacional ingresen a las prisiones.
Luis Enrique Labrador Díaz fue detenido junto a otras tres personas en enero de 2011 por distribuir panfletos con mensajes como “Abajo los Castros” en La Habana, y fue posteriormente condenado en mayo de 2011 por desacato y desorden público en un juicio sumario celebrado a puertas cerradas. Aún se encontraba en prisión al momento de redacción de este informe.

Libertad de expresión

El gobierno controla todos los medios de comunicación de Cuba y aplica un estricto control a la información que proviene del extranjero, lo cual restringe gravemente el derecho a la libertad de expresión. Solamente una proporción ínfima de la población cubana tiene posibilidad de leer sitios web y blogs independientes, debido al alto costo de Internet y el acceso limitado a este recurso. Un decreto gubernamental de mayo de 2013, que procura ampliar el acceso a Internet, dispone que este medio no podrá ser utilizado para atentar contra la “seguridad pública, la integridad, la economía, la independencia y la soberanía nacional” de Cuba, es decir, se trata de condiciones amplias que podrían ser aplicadas para impedir que críticos del gobierno accedan a Internet.
Son pocos los periodistas y blogueros independientes que logran escribir artículos para sitios web o blogs, o publicar tweets. Sin embargo, quienes publican información que se considera crítica del gobierno a veces son objeto de campañas de desprestigio, agresiones y detenciones arbitrarias, y lo mismo sucede a artistas y académicos que exigen mayores libertades.
Luego de que el músico de jazz Roberto Carcasses exigiera la celebración de elecciones directas y una mayor libertad de información durante un concierto celebrado en La Habana en septiembre de 2013 que fue transmitido por televisión nacional, diversos funcionarios le advirtieron que sus palabras beneficiaban al “enemigo” y que se le prohibiría realizar conciertos en lugares operados por el Estado. Ante la fuerte repercusión de esta medida en la prensa internacional, una semana después el gobierno canceló la prohibición. En mayo, Roberto Zurbano, director del instituto cultural Casa de las Américas, gestionado por el gobierno, publicó un artículo en New York Times donde denunciaba que persistían la desigualdad y los prejuicios contra afrocubanos. Posteriormente, su opinión fue repudiada a través de medios controlados por el gobierno y fue rebajado a un cargo de menor jerarquía en ese instituto.

Defensores de derechos humanos

Al rehusarse a reconocer la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima, el gobierno cubano niega estatus legal a organizaciones nacionales y locales de derechos humanos. A su vez, es común que autoridades gubernamentales hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos.

Restricciones para viajar y separaciones familiares

Las reformas a las reglamentaciones sobre viajes que entraron en vigor en enero de 2013 eliminan la necesidad de solicitar una visa de salida para viajar fuera de la isla, un requisito que anteriormente se había aplicado para negar el derecho a viajar a personas que tenían una postura crítica sobre el gobierno y sus familiares. Casi 183.000 personas viajaron al exterior entre enero y septiembre de 2013, según datos del gobierno. Entre estas personas se incluyeron defensores de derechos humanos, periodistas y blogueros a quienes anteriormente se les había negado permiso para salir de la isla, a pesar de sus reiterados pedidos en este sentido, como la bloguera Yoani Sánchez.
Sin embargo, la reforma establece que el gobierno podrá restringir el derecho a viajar cuando existan fundamentos que no se definen claramente, como “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”. El gobierno además continúa deteniendo arbitrariamente y negando a cubanos que viven en el extranjero el derecho a visitar la isla. En agosto, el gobierno cubano negó a Blanca Reyes, una integrante de las Damas de Blanco que vive exiliada en España, autorización para viajar a Cuba a visitar a su padre de 93 años, que se encontraba en un delicado estado de salud y finalmente falleció en octubre antes de que pudiera visitarlo.
El gobierno restringe la circulación de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997 conocida como Decreto 217. Esta norma, cuyo propósito es limitar la migración a La Habana, exige a los cubanos obtener autorización del gobierno para mudarse a la capital del país.La ley se aplica frecuentemente para impedir que opositores viajen a La Habana y asistan a mítines, y para perseguir a disidentes originarios de distintas regiones de Cuba que residen en la capital.

Condiciones en centros de detención

Los presos están expuestos a hacinamiento, falta de higiene e insalubridad, que propician la malnutrición y las enfermedades. Más de 57.000 cubanos se encuentran en prisión o campamentos de trabajo, según se indicó en un artículo publicado por un periódico del gobierno en mayo de 2012. Los presos que critican al gobierno, emprenden huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta sufren la imposición de un régimen de aislamiento, golpizas, restricción de visitas familiares y denegación de atención médica.No existe un mecanismo eficaz a través del cual los presos puedan presentar reclamos.
Si bien el gobierno permitió que miembros elegidos de la prensa extranjera realizaran visitas supervisadas a algunas prisiones en abril, continuó negando que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedieran a sus cárceles.

Actores internacionales clave

El embargo económico aplicado por Estados Unidos a Cuba desde hace más de medio siglo continúa imponiendo privaciones indiscriminadas al pueblo cubano, y no ha contribuido en absoluto a mejorar la situación de los derechos humanos en el país.Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de octubre, 188 de los 192 estados miembros votaron una resolución de condena al embargo estadounidense.
En 2009, el Presidente Barack Obama sancionó una serie de reformas destinadas a eliminar las restricciones sobre viajes y envío de remesas por cubano-estadounidenses hacia cuba, impuestas en 2004 durante la presidencia de George W. Bush. En 2011, Obama aplicó sus facultades ejecutivas para aliviar las restricciones a viajes de encuentro de tipo “people-to-people”, que permiten que grupos religiosos, educativos y culturales de Estados Unidos realicen visitas a Cuba.
La Unión Europea mantiene su “posición común” sobre Cuba, adoptada en 1996, que supedita la plena cooperación económica con Cuba a la transición del país hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos.
El ex contratista de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) Alan Gross continuó en prisión a pesar de que en un informe de noviembre de 2012 el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria exhortó a que se dispusiera su inmediata liberación. Gross fue detenido en Cuba en diciembre de 2009 y posteriormente recibió una condena de 15 años de prisión por distribuir equipos de telecomunicaciones a grupos religiosos. El grupo de trabajo indicó que la detención de Gross había sido arbitraria y que el gobierno de Cuba no había aportado pruebas suficientes de los delitos que se le imputan.
En mayo, Cuba se sometió al segundo Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Varios países expresaron su preocupación por la represión de defensores de derechos humanos, incluido el aumento de las detenciones arbitrarias y la falta de libertad de expresión. Cuba rechazó muchas de estas recomendaciones argumentando que “son sesgadas políticamente y construidas sobre bases falsas, derivadas de los intentos de desacreditar a Cuba por parte de quienes con sus ambiciones hegemónicas, se niegan a aceptar la diversidad y el derecho de libre determinación del pueblo cubano”.
En noviembre, Cuba fue reelegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y prevaleció por sobre Uruguay para un puesto regional a pesar de la deficiente situación de los derechos humanos y sus esfuerzos constantes por socavar la labor del consejo en respuesta a violaciones de derechos humanos.

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