Brigada contra grupos violentos criminaliza la protesta pacífica
El ministro Miguel Rodríguez Torres se convertirá en un gran fiscal
inquisidor, dijo Jesús Ollarves | Foto Archivo El Nacional
EL NACIONAL DE CARACAS
EL NACIONAL DE CARACAS
Expertos en derechos humanos aseguran que el decreto del presidente Nicolás Maduro busca intimidar
27 de junio 2014 - 12:01 am
La creación de la Brigada
Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia
es considerada por expertos una medida que busca criminalizar e
intimidar a quienes protestan en Venezuela.
En la Gaceta Oficial
412838, publicada ayer, se establece que el organismo tendrá por objeto
coordinar, analizar, evaluar, organizar, dirigir, ejecutar y recabar
las informaciones y acciones provenientes de todos los órganos de
seguridad ciudadana e inteligencia del Estado y otras entidades públicas
y privadas para neutralizar y controlar las actividades de los grupos
generadores de violencia.
El
abogado Jesús Ollarves advirtió que la medida da al Estado la potestad
de calificar de violenta cualquier acción que realicen quienes
demuestren su descontento en las calles.
“Es
un organismo no previsto en la Constitución que busca atemorizar al
ciudadano. Todos corremos el riesgo de que nos consideren violentos y
sospechosos. Se sustituye la presunción de inocencia por la de
culpabilidad”, afirmó el también profesor en derechos humanos de la UCV
sobre la posibilidad de que las personas sean enjuiciadas por asociación
para delinquir solo por manifestar.
Entre
los considerandos del presidente Nicolás Maduro está el deber del
Ejecutivo de desarrollar políticas públicas que disminuyan la
delincuencia. Sin embargo, Ollarves aseguró que si realmente esa fuera
la intención se deberían propiciar medidas como la reducción de armas de
fuego y el desarme de grupos armados como colectivos.
El
decreto establece que la brigada dependerá del ministro de Relaciones
Interiores, Miguel Rodríguez Torres. El director general será designado
por Maduro. “La medida convierte a Rodríguez Torres en un gran fiscal
inquisidor tipo Torquemada”, indicó el abogado.
Paralelismos.
El defensor de derechos humanos Inti Rodríguez, miembro de Provea,
señala que hay coincidencias entre la brigada y el Comando Específico
José Antonio Páez, responsable de la masacre de El Amparo y otros abusos
en los años ochenta.
También lo
compara con el grupo Colima creado por Alberto Fujimori, responsable
de violaciones de derechos humanos en Perú, e incluso encuentra parecido
con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
“El
principio es el mismo. Fueron grupos que se crearon para cometer
arbitrariedades con enorme poder de actuación y autonomía. El concepto
es perseguir a determinados grupos de la población con el argumento de
la seguridad del Estado”, dijo.
Rodríguez
destacó que la medida se toma en momentos en que la situación económica
y social puede incentivar aún más a la población a manifestar por los
problemas que la aquejan. “A esas personas se les quiere precalificar de
golpistas, participantes de un plan conspirativo, por lo que se intenta
justificar la represión”.
Ve
con preocupación el discurso de las instituciones del Estado contra
quienes expresan desacuerdo. “Ahora la Fiscalía califica de violentas
todas las movilizaciones que se realizaron en el país. Es decir, todos
los que participaron forman parte de grupos violentos; por tanto, pueden
ser objeto de medidas o persecución”
Recuerda
que no solo manifiestan quienes se oponen al gobierno, sino también
personas que exigen resolución de problemas muy específicos como la
falta de agua o vivienda. “Nosotros reivindicamos el derecho de los
ciudadanos de ejercer su derechos”, agregó.
Rodríguez
y Ollarves coinciden en que cuando el decreto se refiere a entidades
públicas y privadas las organizaciones de derechos humanos, sindicatos,
medios de comunicación, bancos y hasta juntas de condominio pueden ser
objetivos de la brigada especial cuando necesite información. “Ser
delator ahora es una obligación”, señala Ollarves, que advierte sobre
secretismo que existe alrededor del grupo.
El
artículo 8 estipula que el director general de la brigada especial
puede declarar el carácter reservado y clasificado de cualquier
información o hecho relacionado con el nuevo organismo.
Ollarves
tiene reservas sobre la actuación de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, pero es partidario de que se pida la
nulidad del decreto.
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