Tuesday, May 29, 2018

NUEVA LEY CUBANA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ES ARMA DE DOBLE FILO

ICLEP-CIMARRÓN DE MAYABEQUE: Ponerse en los zapatos del consumidor.


Texto y foto: Yasiel L. de la Torre. Periodista Ciudadano
Mayabeque, 30 de mayo, 2018
Tan lejano como 1960, el Gobierno emitió una Ley de Protección al Consumidor, pero en la década de 1980 comenzó a ser superada por la realidad, hasta que en los años del fin del siglo pasado quedó en completa obsolescencia.
Desde el 2000, las instituciones responsables del tema han comenzado a laborar nuevas formas de regular cómo poner a salvo a los consumidores, aunque cada esfuerzo ha quedado fuera de cualquier vía de concreción. El nuevo reglamento que entrará en vigor el próximo mes de junio, logra agrupar en un solo cuerpo jurídico las disposiciones que hasta la fecha se han emitido por distintas instituciones y organismos.
De igual forma, refrenda los deberes y derechos de los consumidores (que no estaban señalados anteriormente en ningún lugar) y determina las obligaciones generales de los proveedores de productos y servicios, tanto estatales como privados.
La resolución incluye el derecho a compensaciones por daños y perjuicios, y dispone vías y mecanismos para tramitar reclamaciones; cuáles son las entidades a las que pueden acudir los clientes cuando sientan que han sido vulnerados sus derechos, los plazos y las fuentes documentales para establecer las medidas.
Pretende dar solución a un tema que en los últimos años se ha ubicado entre las principales insatisfacciones de la ciudadanía ante las continuadas violaciones a los precios, horarios y medidas de pesaje; el burocratismo, la introducción de mercancías de dudosa procedencia y, sobre todo, la eliminación de una suerte de "contrato" entre trabajadores y directivos de unidades estatales y cuentapropistas y revendedores, lo que si bien es el resultado de la ausencia de un mercado mayorista para estos últimos, no justifica el robo al consumidor.
La resolución; sin embargo, no supone la respuesta final a la problemática. A su objetivo escapan decisiones y problemas que competen a la elaboración de una política de Estado, pendiente desde 2011, y una ley, que establezcan figuras jurídicas, si es necesario, para velar por el cumplimiento de los derechos y deberes, promuevan la creación de un sistema de protección al consumidor y fomenten la cultura de la población sobre este tema.
En este ámbito confluyen otros factores materiales, y a quienes deben respetar los derechos de los consumidores, también se les debe dotar de conocimientos sobre el tema. Y aún más, crear las condiciones materiales y de trabajo para que puedan hacer valer lo que tanto se les exige. Sin querer pasar la tolla húmeda a nadie, ¿cómo cumplir con lo que tanto se pide si en las unidades de venta, por ejemplo, los dependientes ni siquiera poseen un buen equipo para realizar el pesaje y mucho menos para que el cliente compruebe el peso de las mercancías que compró?
A raíz de la nueva resolución, un amigo bodeguero me preguntaba: ¿Y ahora quién nos protege a nosotros, si el estado no garantiza las condiciones para que el consumidor quede satisfecho?

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